Denuncian que los Derechos Humanos se resentirán en Colombia por los acuerdos con Europa

"Votar el tratado es de alguna forma condenar a los sectores de la población más débiles de Colombia", ha sentenciado el también portavoz de IU en la Comisión de Exteriores del Congreso en una rueda de prensa ofrecida junto a Pilar Sánchez González, representante de la Comisión Ética Internacional de la Verdad en Colombia, tras sostener una reunión de trabajo con diversas organizaciones de Derechos Humanos.

Nuet ha explicado que su grupo parlamentario impulsará una serie de iniciativas para "colocar sobre la mesa que en Colombia hay un conflicto político que divide a su sociedad" y que en la agenda bilateral no pueden estar supeditados el respeto y la observancia de los Derechos Humanos a las relaciones comerciales. "Los Derechos Humanos deben ser una prioridad en las relaciones entre Colombia y Espańa para el Gobierno de Espańa", ha destacado.

Entre esas acciones, ha mencionado la solicitud para que Madrid no exporte armas al país sudamericano, pues ha estimado que son utilizadas en el conflicto armado. Además, ha anunciado que preparan la celebración en octubre de una jornada sobre este tema en el Congreso. "Colombia existe, el conflicto colombiano existe y las cortes espańolas no pueden hacer oídos sordos ni ojos ciegos", ha puntualizado Nuet.

Asimismo, el diputado ha seńalado que además de que el TLC, cuya aprobación está pendiente en el Parlamento Europeo, podría afectar los intereses del campesinado espańol, constituye un texto laxo en cuanto a la protección de los Derechos Humanos. "Este tratado está hecho para ganar dinero y no para proteger a las personas", ha agregado.

Millones de desplazados

Por su parte, Sánchez González ha denunciado la existencia de más de cinco millones de desplazados y 5,5 millones de hectáreas de tierras que paralamilitares, en conjunto con empresas multinacionales y apoyados por el Ejército, les han sustraído a colectivos de campesinos, indígenas, afrodescendientes y mestizos en los últimos diez ańos.

Además, ha afirmado que, pese a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras aprobada en 2011, en una visita realizada por la Comisión en febrero pasado constataron el aumento de la presencia paramilitar en las zonas de Curbaradó, Jiguamiandó, Dabeiba y Cacarica, donde amedrentan a la población civil y a los líderes indígenas, encargados de hacer el censo necesario para la restitución de las tierras a los colectivos que las habitaron ancestralmente.

Asimismo, ha agregado que las ONG defensoras de Derechos Humanos que acompańan a los afectados también reciben amenazas, que hay retenes militares y paramilitares que controlan el paso, y que existen 160 hectáreas de cultivo de coca en este sector.

En ese sentido, ha pedido al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos que impida que los paramilitares se adueńen de los territorios, y al Ejecutivo espańol que no sea "testigo mudo de lo que está ocurriendo" y que no atienda sólo a intereses económicos.