Lo que va de Montealegre a Montenegro
por Manuel Pascua Mejía el 28/05/2012 a las 01:49 horas
¿Dónde está el punto de equilibrio entre lo que debería ser y lo que es? ¿Quién es el responsable cuando la frivolidad en la actuación nos va a costar billones a los ciudadanos?
Habría bastado una conexión a internet y un buceo somero por
softonic.com para descargar un espectrómetro de voces que descartara o
confirmara al encausado
Todo parece apuntar a que Sigifredo López va a ser no culpable y
la fiscalía va a quedar como una chismosa principiante y poco
profesional. Resulta insultantemente inaceptable en democracia que a
nadie se le detenga sin pruebas de contundencia. Hace algunas semanas
conocí al fiscal Montealegre. El hombre que me presentaron es un
ser humano cabal, responsable, con un discurso coherente y una propuesta
profesional un paso más allá de lo razonable. Yo hablé con un señor muy
preparado, flexible en sus planteamientos y férreo en sus principios,
un jurista sabedor de que la realidad colombiana es muy compleja pero
que ello no es eximente alguna para no acatar la ley nacional y
alinearse con el derecho internacional en toda su grandeza o para no
aplicarlo con toda su magnanimidad si el bien a conseguir es tan grande
como anhelado (hablábamos de la paz, obviamente).
No sé si
la fiscalía guarda ases en la manga y no sé si bajo la ¿secreta? reserva
sumarial hay todavía algo que RCN no haya publicado pero sí sé, como
ciudadano y lector curioso de la Constitución, que con lo conocido hasta
ahora no hay ni tan siquiera para presentar demanda firme contra
Sigifredo López. Una acusación tan dura como la que se ha interpuesto
contra López, con la alarma social que supone y ha conllevdo aneja, solo
puede ser instrumentada si la fiscalía tiene mucho más que pruebas
sólidas contra él.
No todo vale en política. La democracia
se sustenta sobre dos pilares complejos, pesados e inamovibles: todos
somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario y la ley es igual
para todos. Desafortunadamente y a tenor de lo que vamos viendo y
sabiendo, ninguno de estos principios parece haberse respetado en este
caso repugnante. Si la fiscalía tiene pruebas contundentes y hasta
inapelables más allá de lo que decida el juez al que toque tan
sorprendente causa, es el momento de salir a la palestra, levantar la
mano y decir: ¡Eh, que las pruebas, secretas y por lo mismo inéditas
hasta ahora, obran en poder de la fiscalía y son incontrovertibles. De
frente y por derecho: si hay más y más serio que lo que hemos visto en
RCN, el señor Montealegre debe asomarse a la tribuna y tranquilizarnos. Y
después, encausar a quienes hayan filtrado ni tan solo una coma del
sumario generando expectativas en uno u otro sentido en la ciudadanía y,
en cualquier caso, ajenas al ideal de justicia que debe movernos. Por
cierto, comprar mercancía robada es delito de receptación, señores de
RCN.
Al paso que van las cosas en muy poco tiempo sabremos si hay
o no causa contra este hombre. Si resulta que no hay más pruebas que
las dos que hasta ahora hemos conocido y contra las que habría bastado
una conexión a internet y un buceo somero por softonic.com para
descargar un espectrómetro de voces que descartara o confirmara al
encausado, el fiscal general debe dimitir y, aún más, el ministro del
ramo por elevación: recordemos que al fiscal se le elige desde una terna
propuesta por el gobierno por lo que alguien en el gobierno debe ser
responsable de sus actos negativos, máxime cuando de lo que se trata es
de un caso tan serio, complejo y globalizado como este.
Yo soy
defensor de la institucionalidad y su valor ejemplarizante en todos los
casos. Distinto es si una institución comete un desmán como el que aquí
parece que está a punto de estallar. Si la fiscalía no es capaz de
sustentar su acusación más allá de lo que hemos visto con pruebas
sólidas y no solamente indiciarias, tendrá que dimitir y asumir su
responsabilidad subsidiaria, penal y civil -sobre todo civil, lo que
significa pecuniaria- en un error que va a costarnos a los colombianos
quién sabe cuántos billones de pesos en reclamaciones indudablemente
justas por el lado del demandante, indubitablemente negligentes por
parte de la fiscalía. La pregunta, al final de todas las preguntas, es
tan simple como demoledora: ¿Por qué se ha de pagar con nuestros
impuestos un error de la fiscalía tan amateur como dramático e
inapelable? ¿Y ellos, los que la j---n, por qué no pagan nunca?