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Lo que va de Montealegre a Montenegro

por Manuel Pascua Mejía el 28/05/2012 a las 01:49 horas
¿Dónde está el punto de equilibrio entre lo que debería ser y lo que es? ¿Quién es el responsable cuando la frivolidad en la actuación nos va a costar billones a los ciudadanos?
Todo parece apuntar a que Sigifredo López va a ser no culpable y la fiscalía va a quedar como una chismosa principiante y poco profesional. Resulta insultantemente inaceptable en democracia que a nadie se le detenga sin pruebas de contundencia. Hace algunas semanas conocí al fiscal Montealegre. El hombre que me presentaron es un ser humano cabal, responsable, con un discurso coherente y una propuesta profesional un paso más allá de lo razonable. Yo hablé con un señor muy preparado, flexible en sus planteamientos y férreo en sus principios, un jurista sabedor de que la realidad colombiana es muy compleja pero que ello no es eximente alguna para no acatar la ley nacional y alinearse con el derecho internacional en toda su grandeza o para no aplicarlo con toda su magnanimidad si el bien a conseguir es tan grande como anhelado (hablábamos de la paz, obviamente).

No sé si la fiscalía guarda ases en la manga y no sé si bajo la ¿secreta? reserva sumarial hay todavía algo que RCN no haya publicado pero sí sé, como ciudadano y lector curioso de la Constitución, que con lo conocido hasta ahora no hay ni tan siquiera para presentar demanda firme contra Sigifredo López. Una acusación tan dura como la que se ha interpuesto contra López, con la alarma social que supone y ha conllevdo aneja, solo puede ser instrumentada si la fiscalía tiene mucho más que pruebas sólidas contra él. 

No todo vale en política. La democracia se sustenta sobre dos pilares complejos, pesados e inamovibles: todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario y la ley es igual para todos. Desafortunadamente y a tenor de lo que vamos viendo y sabiendo, ninguno de estos principios parece haberse respetado en este caso repugnante. Si la fiscalía tiene pruebas contundentes y hasta inapelables más allá de lo que decida el juez al que toque tan sorprendente causa, es el momento de salir a la palestra, levantar la mano y decir: ¡Eh, que las pruebas, secretas y por lo mismo inéditas hasta ahora, obran en poder de la fiscalía y son incontrovertibles. De frente y por derecho: si hay más y más serio que lo que hemos visto en RCN, el señor Montealegre debe asomarse a la tribuna y tranquilizarnos. Y después, encausar a quienes hayan filtrado ni tan solo una coma del sumario generando expectativas en uno u otro sentido en la ciudadanía y, en cualquier caso, ajenas al ideal de justicia que debe movernos. Por cierto, comprar mercancía robada es delito de receptación, señores de RCN.

Al paso que van las cosas en muy poco tiempo sabremos si hay o no causa contra este hombre. Si resulta que no hay más pruebas que las dos que hasta ahora hemos conocido y contra las que habría bastado una conexión a internet y un buceo somero por softonic.com para descargar un espectrómetro de voces que descartara o confirmara al encausado, el fiscal general debe dimitir y, aún más, el ministro del ramo por elevación: recordemos que al fiscal se le elige desde una terna propuesta por el gobierno por lo que alguien en el gobierno debe ser responsable de sus actos negativos, máxime cuando de lo que se trata es de un caso tan serio, complejo y globalizado como este.

Yo soy defensor de la institucionalidad y su valor ejemplarizante en todos los casos. Distinto es si una institución comete un desmán como el que aquí parece que está a punto de estallar. Si la fiscalía no es capaz de sustentar su acusación más allá de lo que hemos visto con pruebas sólidas y no solamente indiciarias, tendrá que dimitir y asumir su responsabilidad subsidiaria, penal y civil -sobre todo civil, lo que significa pecuniaria- en un error que va a costarnos a los colombianos quién sabe cuántos billones de pesos en reclamaciones indudablemente justas por el lado del demandante, indubitablemente negligentes por parte de la fiscalía. La pregunta, al final de todas las preguntas, es tan simple como demoledora: ¿Por qué se ha de pagar con nuestros impuestos un error de la fiscalía tan amateur como dramático e inapelable? ¿Y ellos, los que la j---n, por qué no pagan nunca?

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